El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció el lunes 3 de febrero la cancelación del examen COMIPEMS y la creación de un nuevo programa de ingreso a la Educación Media Superior denominado Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior –ECOEMS- con el propósito de que todos los aspirantes con un certificado de secundaria tengan garantizado un lugar en las preparatorias en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El acceso a los planteles educativos será sin costo para las y los aspirantes, salvo en los casos de UNAM, IPN, UAM, bajo modalidades y perfiles de participación en el proceso de ingreso ECOEMS, instancia encargada de coordinar el ingreso a escuelas preparatorias en el Valle de México. Una medida que al parecer pretende ampliar las posibilidades de acceso de las y los estudiantes en las instituciones de educación media superior, sin considerar que el sistema está conformado por tres modelos: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. Cada modelo con distintas formas de sostenimiento: federal, estatal, autónomo y particular; con o sin reconocimiento de validez oficial; organizados a partir de cinco tipos de control administrativo y presupuestal: centralizado, descentralizado, desconcentrado, autónomo y privado. Un sistema integrado por treinta y tres subsistemas que presentan una diversidad de matrícula, docentes y planteles sin articulación para atender el abandono escolar, la permanencia y el desempeño de los estudiantes.

>Si partimos de que en 2021 había 6.7 millones de jóvenes de entre 15 y 17 años y la matrícula de EMS fue de 5.2 millones de jóvenes, hubo 1.5 millones de este grupo etario que no estuvo inscrito en algún plantel educativo. En este tenor, el gobierno federal actual pretende abrir 40,000 espacios en la Ciudad de México y el Estado de México, donde la matrícula se ha concentrado en los bachilleratos generales, con una tasa de abandono del 8%, es decir, alrededor de 430 mil estudiantes.

>Una política de largo aliento tendría que armonizar las diversas etapas escolares, estructurar y articular los subsistemas existentes bajo la premisa de favorecer la permanencia y reincorporación de los jóvenes para garantizar su derecho a la educación; establecer criterios, procedimientos y prácticas regulares orientadas a garantizar la permanencia de las y los estudiantes.

Claves. La educación en el mundo

Mientras en el país la cobertura en educación pública intenta ampliarse de manera discreta, el gobierno de Trump trabaja en un decreto para reducir o fusionar el Departamento de Educación con el Departamento del Trabajo en una sola agencia federal, decisión que requerirá de la aprobación del Congreso. El Departamento de Educación está siendo objeto de ataques por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por Elon Musk. La medida apunta hacia el desmantelamiento de programas de financiamiento federal para escuelas primarias y secundarias que sirven de apoyo a los estudiantes de familias de bajos ingresos y de niños con discapacidades.

El 5 de febrero del 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envío una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecer siete órganos autónomos entre los que figuró la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. El 28 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que extinguió a la Comisión.

La decisión establece un precedente en contrasentido sobre un campo de acción que ha sido complejo de atender por décadas atrás debido a la diversidad de instancias y actores que intervienen en la formación continua de maestras y maestros de educación básica y educación media superior.

Instalar una nueva cultura de formación continua basado en un enfoque situado dentro de la política educativa en México representó un revelador desafío que no logró concretarse en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El desafío implicó superar la añeja perspectiva subsidiaria e instrumental de formación, centrada en asuntos coyunturales y la denominada “capacitación en cascada”, cuya operación ha recaído en actores externos al sistema educativo, quienes desconocen las dificultades que afrontan las maestras y maestros en su práctica educativa de manera cotidiana.

Ciertamente, el proceso de cambio que se inició en el gobierno anterior buscó transitar hacia el diseño y operación de programas de formación continua estatales y nacionales para atender a todos y todas las y los maestros en las distintas funciones que desarrollan, sea como profesores frente a grupo, supervisores, asesores técnico pedagógico, o directoras-es de escuelas y planteles.

No obstante, el cambio o la transformación de creencias o tradiciones institucionales, rutinas burocráticas, estructuras organizacionales y procesos de trabajo anquilosados, instalados desde hace décadas en el sistema educativo implicó dificultades y tensiones que afrontó y desgastó a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, lo cual es necesario reconsiderar al momento de hacer un balance de sus aportaciones como organismo público.

Una política de formación necesaria

La formación de las maestras y los maestros de educación básica y educación media superior requiere atenderse como una política integral, es decir como decisiones de gobierno que comienzan desde la formación inicial, pasan por la formación continua y persisten a lo largo de la trayectoria docente, en la cual la responsabilidad de mejorar la educación atraviesa a partir del reconocimiento de la complejidad e integralidad de la práctica docente de las maestras y los maestros en las diversas funciones que desarrollan. Ello requiere un organismo con plena autonomía, fuera de la Secretaría de Educación Pública, encargado de coordinar las acciones de formación y desarrollo profesional docente de carácter nacional, donde se coloque como centro las experiencias pedagógicas reflexivas de las maestras y los maestros en aras de alcanzar la participación y comunicación coordinada con el colectivo de las escuelas y los planteles de educación básica y media superior, la autonomía profesional docente, así como la transformación de las condiciones inmejorables de las escuelas y los planteles, con la intervención comprometida de docentes, estudiantes, ATPs, directoras-es, supervisoras-es, comunidades locales, madres y padres de familia.