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Las universidades públicas autónomas enfrentan desafíos salariales y sindicales en sus negociaciones para 2025, debido a presupuestos que no han aumentado en términos reales y al tope salarial impuesto por el gobierno. El incremento salarial obtenido por la UNAM (4%) se ha convertido en la referencia para otras instituciones, aunque persiste la incertidumbre sobre si todas alcanzarán este porcentaje. Algunas han logrado hasta un 2% adicional en prestaciones, reflejando que el gobierno mantiene su política de control salarial.
Paralelamente, la implementación de una democracia sindical efectiva sigue siendo un reto. A pesar de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2019, que buscaba mayor transparencia, voto libre y rendición de cuentas en sindicatos, su aplicación ha sido lenta y con vacíos legales. Muchos sindicatos no han actualizado sus estatutos, y decisiones clave como huelgas o revisiones salariales siguen bajo el control de cúpulas sindicales, sin garantizar una votación personal, libre y secreta para todos los trabajadores.
A cinco años de la reforma laboral impulsada por la 4T, persisten dudas sobre su eficacia. Se espera que el nuevo gobierno garantice presupuestos adecuados para las universidades y fortalezca la democracia sindical para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Para este año, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene un presupuesto de 58 mil 85 millones de pesos, de los cuales 52 mil 183 millones son aportados por el gobierno federal y 5 mil 902 millones son ingresos propios de la máxima casa de estudios.
En sesión, el Consejo Universitario aprobó este presupuesto que tiene un crecimiento nominal de 3.8 por ciento, respecto al año anterior, pero que en términos reales representa una disminución del 0.48 por ciento, afirmó el secretario Administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez.

La recién creada Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) inició con un recorte del 3.8% en su presupuesto en comparación con el CONAHCYT en 2024, debido a la política de austeridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de su compromiso declarado con el impulso a la ciencia.La Red ProcienciaMx considera que esta reducción es alarmante, ya que en el último sexenio los centros de investigación han sufrido recortes constantes que han dejado a algunos sin recursos para servicios básicos como luz e internet, generando una situación financiera crítica que ahora se agrava aún más.