Rosalina Romero Gonzaga
El 5 de febrero del 2024 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envío una iniciativa al Congreso de la Unión para desaparecer siete órganos autónomos entre los que figuró la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. El 28 de noviembre la Cámara de Senadores aprobó la reforma constitucional que extinguió a la Comisión.
La decisión establece un precedente en contrasentido sobre un campo de acción que ha sido complejo de atender por décadas atrás debido a la diversidad de instancias y actores que intervienen en la formación continua de maestras y maestros de educación básica y educación media superior.
Instalar una nueva cultura de formación continua basado en un enfoque situado dentro de la política educativa en México representó un revelador desafío que no logró concretarse en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. El desafío implicó superar la añeja perspectiva subsidiaria e instrumental de formación, centrada en asuntos coyunturales y la denominada “capacitación en cascada”, cuya operación ha recaído en actores externos al sistema educativo, quienes desconocen las dificultades que afrontan las maestras y maestros en su práctica educativa de manera cotidiana.
Ciertamente, el proceso de cambio que se inició en el gobierno anterior buscó transitar hacia el diseño y operación de programas de formación continua estatales y nacionales para atender a todos y todas las y los maestros en las distintas funciones que desarrollan, sea como profesores frente a grupo, supervisores, asesores técnico pedagógico, o directoras-es de escuelas y planteles.
No obstante, el cambio o la transformación de creencias o tradiciones institucionales, rutinas burocráticas, estructuras organizacionales y procesos de trabajo anquilosados, instalados desde hace décadas en el sistema educativo implicó dificultades y tensiones que afrontó y desgastó a la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación, lo cual es necesario reconsiderar al momento de hacer un balance de sus aportaciones como organismo público.
Una política de formación necesaria
La formación de las maestras y los maestros de educación básica y educación media superior requiere atenderse como una política integral, es decir como decisiones de gobierno que comienzan desde la formación inicial, pasan por la formación continua y persisten a lo largo de la trayectoria docente, en la cual la responsabilidad de mejorar la educación atraviesa a partir del reconocimiento de la complejidad e integralidad de la práctica docente de las maestras y los maestros en las diversas funciones que desarrollan. Ello requiere un organismo con plena autonomía, fuera de la Secretaría de Educación Pública, encargado de coordinar las acciones de formación y desarrollo profesional docente de carácter nacional, donde se coloque como centro las experiencias pedagógicas reflexivas de las maestras y los maestros en aras de alcanzar la participación y comunicación coordinada con el colectivo de las escuelas y los planteles de educación básica y media superior, la autonomía profesional docente, así como la transformación de las condiciones inmejorables de las escuelas y los planteles, con la intervención comprometida de docentes, estudiantes, ATPs, directoras-es, supervisoras-es, comunidades locales, madres y padres de familia.
