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La SEP anunció la puesta en marcha de la Constancia de Situación Profesional (CSP), un mecanismo digital que permitirá consultar el historial académico y las credenciales de las y los profesionistas del país. El documento sustituye los procesos en papel y funcionará como un curriculum profesional digital verificable, con el objetivo de favorecer la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas, informó la dependencia a través de la Dirección General de Profesiones (DGP).

Sustituye procesos en papel y funcionará como un currículum profesional digital verificable, que favorecerá la empleabilidad, la movilidad educativa y el acceso a becas. La SEP proyecta emitir 15 millones de certificaciones y microcredenciales adicionales, gracias a la colaboración con instituciones educativas. La Constancia de Situación Profesional se puede consultar cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula-profesional/certificaciones. La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), anunció la implementación de la Constancia de Situación Profesional (CSP), un documento digital que permite consultar el historial académico y las credenciales de las personas profesionistas. Este mecanismo responde al mandato de impulsar la mayor transformación digital en la historia del país y al cumplimiento de la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos y está disponible en el sitio cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula-profesional/certificaciones.

Con la finalidad impulsar programas de capacitación, formación profesional, educación continua e investigación aplicada, así como promover la participación conjunta en foros, diagnósticos y publicaciones que contribuyan a fortalecer la cultura de la integridad, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), firmaron un convenio de colaboración. Se trata de un acuerdo estratégico que abre la puerta a proyectos conjuntos entre el órgano de fiscalización del Estado y las universidades, asegurando que la educación superior mexicana se consolide como un espacio de excelencia académica, pero también como ejemplo de responsabilidad social y rendición de cuentas.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Profesiones (DGP), implementó desde noviembre de 2024 la Jornada Nacional de Revisión Documental (JNRD), con el objetivo de garantizar que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional con oportunidad, conforme a la normatividad vigente. Esta iniciativa busca que las personas egresadas obtengan el título profesional por parte de la escuela o sea validado cuando aquel se emitió antes de 2018, además que impulsa la transformación digital, reduce cargas administrativas y asegura igualdad en la atención del servicio público. Por Ley, la atribución de emitir y validar títulos profesionales corresponde a las instituciones educativas.

La SEP detectó inconsistencias en 24% de los certificados y títulos revisados durante la Jornada Nacional de Revisión Documental, un proceso que busca garantizar la autenticidad de los documentos académicos y la legalidad del ejercicio profesional en el país. La dependencia, a través de la Dirección General de. Profesiones (DGP), informó que desde noviembre de 2024 puso en marcha esta jornada, de carácter preventivo y correctivo “no sancionador”, bajo principios de colaboración y acompañamiento institucional, con el propósito de que alumnas, alumnos, egresadas, egresados y profesionistas ejerzan su derecho a obtener su título y cédula profesional conforme a la normatividad vigente.

Durante el gobierno de la Cuarta Transformación, se redujo la transparencia en la Secretaría de Educación Pública (SEP), percibieron padres de familia y escuelas públicas del país, según reveló una encuesta. La falta de datos duros, la desaparición de instituciones como Mejoredu y la reducción de información por parte de la SEP alertaron a los padres y a las propias instituciones, reveló Educación con Rumbo.

Las universidades públicas tuvieron entre 2017 y 2024 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 11 mil 700 millones de pesos, señaló ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) entregó este lunes a la Cámara de Diputados sus informes financieros. Mientras, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación reveló que 86 de esas casas de estudios tienen pendientes de aclarar 11 mil 707 millones de pesos correspondientes a los ejercicios presupuestales de 2017 a 2024.

En vísperas del término de la gestión del doctor José Antonio De los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), académicas y académicos organizados, por medio de un pronunciamiento, realizaron diversos señalamientos sobre lo ocurrido en el cuatrienio. Los profesores de la Casa de estudios señalan en el escrito que en la gestión que está por acabar “se afectó nuestra economía e incurrió en una grave falta laboral al no pagar un trabajo ya devengado. Esto ocurrió cuando en 2023 y 2024 el rector general disminuyó arbitrariamente en 80 por ciento el pago del Estímulo a la Docencia e Investigación (EDI), y en este año 2025 simplemente canceló el pago.”

Tras asegurar que universidades públicas han disminuido espacios de discrecionalidad sobre el uso de sus presupuestos, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Cámara de Diputados firmaron un acuerdo para transparentar el uso de los recursos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) subrayó la importancia de la fiscalización preventiva como herramienta clave para garantizar una educación superior de calidad. Durante el Congreso Nacional 2025 organizado por la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (AMEREIAF), el auditor superior David Colmenares enfatizó la necesidad de un financiamiento público adecuado y el uso responsable de recursos en universidades públicas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibió al Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acompañado del Dr. Mario Luis Fuentes Alcalá, Vicepresidente de la Junta de Patronos, y del Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, Secretario Administrativo, para hacer la entrega de la Cuenta Anual 2024 al Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, y al Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), Diputado Javier Octavio Herrera Borunda. En su mensaje, el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, reconoció el compromiso de la UNAM ante la sociedad mexicana con la rendición de cuentas y la transparencia, al cumplir con la obligación constitucional de presentar la Cuenta Pública 2024 de la Institución.

Al presentar la Tercera Entrega de Informes de los resultados de fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo, señaló que de los 8 billones de pesos del gasto público federalizado de ese año de la administración de Andrés Manuel López Obrador se tiene pendiente por aclarar un monto de 43 mil 206 millones de pesos, de los cuales 900 millones de pesos corresponden a 139 universidades públicas.
En la presentación de su informe, Colmenares Páramo presumió que el ente revisor es un ejemplo para Euroasia, y destacó que esta tercera entrega consta de mil 623 de un de un total de dos mil trescientos sesenta y nueve procesos de auditoría realizados.
Cabe destacar que el total del monto de los recursos pendientes por transparentar durante todo 2023 es de poco más de 51 mil millones de pesos, aunque el auditor refirió una cifra de cuarenta mil ochocientos millones de pesos, cifra que es prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada.
Indicó que las revisiones al sector Público Federal, de los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con Entes como BIRMEX, IMSS, PEP y FONATUR, por mencionar algunos.
Otro dato que sobresale, aunque no fue mencionado por Colmenares, es el que presenta el INE, que tiene tan sólo poco más de dos millones pesos pendientes de aclaración.