En la UNAM, en cada fecha y proceso que se organiza un examen de ingreso a bachillerato o licenciatura hay un conflicto. El desastre es recurrente: surgen grupos inconformes, se toman las instalaciones, pintarrajean los murales históricos del patrimonio nacional, hay destrozos; pasa la coyuntura, la reincidencia se debate a nivel nacional y al año siguiente se repite el conflicto. En cada ocasión las causas se analizaron de manera bien documentada sin que esto modificara o alterara el examen de ingreso a la UNAM, hasta que, hace unas semanas, el examen pasó de ser presencial a digital, lo que ha generado el mayor desastre ocurrido en este de por sí criticado proceso.

Esto ha llevado a plantear ¿por qué la UNAM, conociendo y reconociendo las causas del conflicto, no ha hecho conciencia sobre todo lo deficiente que tiene este examen? Socialmente hablando es negativo y pernicioso; desde una perspectiva educativa y pedagógica resulta absolutamente disfuncional y obsoleto; contribuye a la ampliación y reproducción de las desigualdades más profundas existentes en el sistema educativo nacional.

El caso es que no sólo no ha podido reconocerse o resolverse esta problemática, sino que ahora el proceso fue organizado con el más terrible error que se haya cometido: probar un procedimiento de manera equivocada y poco clara, poco “inteligente” y nada “artificial” —porque fue decidido por humanos— para 158,712 ciudadanos. Procedimiento realizado sin la más mínima participación de la academia y la ciencia que genera y produce la misma universidad, sino dejado en las manos de una empresa privada que mostró su ineficiencia al realizar un examen “moderno”.

El “cambio” no fue obra de un error cuántico o algorítmico sino netamente humano: fue la penosa falta de capacidad para gestionar el uso de IA, a partir de las decisiones tomadas por un grupo de responsables de la administración central de la universidad, quienes han buscado mil maneras posibles para cubrir los daños de este fracaso. Una crisis que ha golpeado y desdibujado de manera desastrosa una parte sustancial de la legitimidad y la autoridad de nuestra universidad como institución de bien público y social: la búsqueda y garantía de la verdad.

El concepto de verdad

La verdad es el elemento fundamental de la idea de universidad, en ella se sustentan: la cooperación y el trabajo colegiado, la docencia que forma una ciudadanía responsable a través del desarrollo de habilidades y capacidades para determinar, con visión crítica, lo que son las falsedades o las fake news, el dogmatismo, la irracionalidad, la demagogia o la construcción de una vida profesional de acuerdo a los contextos de aplicación determinados y las posibilidades y oportunidades que existen en su entorno.

Desde las tareas de investigación, la verdad es el punto de inflexión crucial para aportar y transferir un conocimiento que es valorado o criticado por su impacto social, económico o cultural. En el periodo en el que nos encontramos, los conocimientos que genera y transfiere la universidad son el valor social fundamental del desarrollo de cualquier país, y su consecución ha llegado a niveles extraordinarios: desde la ciencia abierta o desde su comercialización, la innovación científico-tecnológica tiene enormes consecuencias en la vida de muchos países: en ocasiones opera a favor de las potencias para el exterminio de poblaciones enteras del planeta, con una secuencia inacabable de guerras indiscriminadas, pero también salva o sana vidas y forma parte tanto de nuestro imaginario utópico como de nuestra vida cotidiana y cultura.

La erosión de la verdad dentro de una universidad es lo peor que puede pasarle. Su descrédito, la falta de confianza en su actuación como institución de bien común, enrarece el centro de su vida colegiada y de su gobernanza. La esperanza de contar con una universidad creíble y de confianza total se pierde con la duda sobre si lo que se construye por la vía de la educación, del aprendizaje y de la investigación llega a ser falso.

El conflicto del examen de ingreso por la vía digital ha erosionado lo mejor de su historia y de su respetabilidad, porque se ha perdido la sustancia de su ser y de su misión. Esto ha sucedido no solo por la desconfianza respecto a la empresa contratada para organizar el examen, sino también por cómo se centró la responsabilidad en quienes decidieron realizar el examen de forma fraudulenta. El daño ya está hecho y el “control” del desastre está aún por demostrarse.

El examen de ingreso: un factor de desigualdad

La evidencia de que el examen de ingreso a la universidad fomenta la desigualdad social y educativa. la inequidad y la exclusión es y sigue siendo abundante y exhaustiva. No obstante, la fórmula se ha mantenido aunque existan datos, estudios e investigaciones educativas que lo han documentado de manera profusa y durante décadas.

También lo dice un reciente informe del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO: la educación superior reproduce las desigualdades sociales, económicas y culturales, y esto comienza con los exámenes de ingreso. Este es el factor instrumental de su legitimidad clasista, racial y de género: “si bien la matrícula mundial se ha más que duplicado en las últimas dos décadas, pasando de 100 millones de estudiantes en 2000 a cerca de 269 millones en 2024 (niveles 5 y 8 de la CINE), persisten preocupaciones apremiantes en materia de acceso y graduación, brechas de equidad, financiamiento y calidad que exigen atención urgente” (UNESCO-IESALC, 2026, p. 1).

La desigualdad en la educación nacional se expresa en la continuidad de las barreras de acceso y permanencia de los estudiantes de bajos ingresos; de quienes provienen de los estados y regiones rurales, indígenas y de mayor marginalidad; entre las mujeres, que sin duda han incrementado su participación en el acceso y la permanencia en la educación superior, pero no así para continuar con estudios de posgrado y menos para la movilidad ocupacional. A ello habrá que agregar que la precariedad laboral del profesorado universitario hace que los procesos de aprendizaje no sean los más adecuados, pues este sector no cuenta con las herramientas intelectuales ni con el tiempo suficiente para generar procesos de aprendizaje para toda la vida, por lo que repiten lo que aprendieron durante su carrera.

Los indicadores de la desigualdad son harto conocidos. Alrededor de 50% de los estudiantes más pobres abandonan la escuela desde la secundaria, otro tanto se queda a la mitad de la educación media superior y solo 6% de los estudiantes de clase media alta y alta completa sus estudios de educación superior. La brecha es enorme.

De acuerdo con los datos oficiales que proporciona el Programa Nacional de Educación Superior (PRONES) (2026-2030):

México mantiene una cobertura limitada en educación superior. Para el ciclo escolar 2024-2025, la tasa bruta de cobertura (TBC) alcanzó 45.1% apenas 1.3 puntos porcentuales más que el ciclo anterior. Alcanzar la meta de cobertura del 55% establecida en el PND 2025-2030 –que requiere crear más de un millón de nuevos espacios– constituye un desafío mayor […]. A estas dificultades se suman factores socioeconómicos que condicionan de manera decisiva el acceso a la educación superior. Las y los estudiantes provenientes del primer decil de ingresos representan solo 4.4% de la matrícula, lo que refleja la persistencia de desventajas acumuladas que limitan su continuidad educativa. La evolución de la cobertura entre los sectores de menores ingresos confirma esta tendencia: aunque la participación de estudiantes de los cuatro primeros deciles ha aumentado de manera sostenida en las últimas tres décadas, su ritmo de crecimiento sigue siendo lento. (SEP, 2026)

A ello habría que agregar que el problema no queda en las restricciones en el acceso, sino que esto se empata con las dificultades para asegurar la permanencia de las y los estudiantes, su bienestar, egreso y, finalmente, éxito en la muy diferenciada y segmentada movilidad ocupacional. De acuerdo con datos del PRONES (2026): “en el nivel profesional, modalidad escolarizada, 3 de cada 10 jóvenes abandonan sus estudios durante el primer año. En la última década, más de 3 millones de estudiantes interrumpieron su formación profesional, lo que representa una gran pérdida tanto para el sistema educativo como para el desarrollo económico y social del país”.

Los estudios siguen y siguen demostrando lo mismo. El sistema de educación superior del país reproduce desigualdades y las justifica con un solo argumento: la capacidad de cada institución para recibir a más estudiantes. Así lo ha dicho de manera reiterada la UNAM porque asegura que no puede abrir más espacios de los que tiene. Pero, en realidad, ese no es el problema, éste empieza con la hechura de un examen que no tiene por qué existir, cuando son abundantes las muestras de que el recurso va en contra de nuestro desarrollo y del fortalecimiento y bienestar de la sociedad. Las posibilidades de sustituir el examen son múltiples, pero hace falta la voluntad para escuchar y proceder a impulsar los cambios que la institución requiere y tanta falta le hacen, para superar lo que se ha mostrado como una causalidad crítica permanente.

Las salidas: repetir o innovar

Como ha ocurrido en otros conflictos en la UNAM, la conciencia de su repetición en el tiempo se ha traducido en la toma de decisiones para realizar cambios parciales, pero no los requeridos para su transformación radical. El tema va más allá de formar una comisioncita o publicar chorros de desplegados y apostar por sus efectos mediáticos. Ojalá que con la aplicación parcial del examen de “control” y el ingreso alterado de un número determinado de estudiantes, el tema pase del escándalo a la “normalidad”. Pero sería una lástima desaprovechar esta oportunidad para que el asunto quede allí.

Desde otra perspectiva, la desafortunada coyuntura no representa sino el piquito de un problema estructural que requiere de una verdadera transformación de la universidad, con una visión de altura, con estrategia y prospectiva altamente participativas.

Lo primero que habría que decidir es abrir la información, fincar las responsabilidades relacionadas al conflicto y declarar que ésta será, por fin, la última vez que se realizará un examen de ingreso en la UNAM. Esto no quiere decir eliminar la evaluación académica de las y los aspirantes, porque una y otra no son lo mismo.

Las propuestas de innovación por la vía de la autoevaluación institucional pueden ser varias. Una sería que la evaluación de los aspirantes tenga los siguientes componentes para 2027: a) desde la perspectiva de los perfiles de ingreso que tienen o deberían tener las facultades de la universidad, valorar las capacidades de los egresados del bachillerato con los mismos criterios que se utilizan para la modalidad de pase reglamentado, es decir: cultura general, capacidad para redactar y realizar una lectura crítica y analítica, así como contar con promedio de trayectoria educativa que sea verificable y aceptable, de manera independiente de su origen socioeconómico, identidad, género o ubicación. Otra, que podría realizar cada facultad de forma organizada y con tiempos determinados: b) valorar la vocación de los aspirantes. Se ha estudiado de manera específica que las trayectorias truncadas de los estudiantes tienen, como una de sus causas, su identificación o no con la carrera seleccionada. Todo ello puede comprobarse de manera evidente por medio de entrevistas y demostraciones directas, con pares académicos de los miembros de los cuerpos docentes de cada facultad. Esto puede organizarse con una plataforma que capture los indicadores y las opiniones de manera sistemática en un periodo determinado.

Una vez superadas las ansias por poner un examen pernicioso, absolutamente antipedagógico e inequitativo que no tiene cabida en una universidad de bien público y social, la UNAM deberá plantearse una reforma institucional de fondo y de futuro. Para esta tarea podrían contemplarse, desde bases colegiadas y ampliamente participativas, algunos de estos elementos:

1. Claridad diagnóstica y tendencial sobre los enormes y trascendentes problemas que están a la orden del día entre los distintos sectores de la comunidad, desde los desafíos que hoy presenta el nuevo paradigma cognitivo a lo que la política pública ha construido en materia de educación superior.
2. Dar a conocer, para su más amplia discusión, el proyecto que se pretende para los próximos años. Que incluya, por lo menos, temas y asuntos como el de una visión de democratización de alto vuelo de los actuales órganos colegiados; la apertura total a discutir la complejidad de la temática de la carrera académica y de la precariedad laboral.
3. Discutir y formular cambios de fondo en la proliferación de carreras disciplinares con el fin de optar por organizar áreas de conocimiento inter y transdisciplinarias.
4. La ampliación de las posibilidades de una jubilación digna.
5. Enfrentar los tremendos problemas de violencia: de género, sobre todo; de un nuevo tipo de porrismo que se ha adueñado de espacios vitales de facultades o bachilleratos; de la drogadicción y la baja estima de muchos y muchas estudiantes.
6. La transparencia en el uso y manejo de los recursos; así como la responsabilidad de realizar una sabia elección de autoridades de las dependencias de docencia, de investigación y de cultura para dar un sentido orgánico a un equipo sólido y con visión de futuro, además, que éstas puedan ser evaluadas, como se realiza anualmente para el personal académico, a partir de su programa de trabajo y de su desempeño y capacidad de liderazgo. Más mediocridad en la designación de autoridades hechas por la Junta de Gobierno y avaladas por el Consejo Universitario será considerada como una falta total de respeto a la inteligencia y al espíritu crítico que está muy vivo en importantes sectores de la comunidad universitaria.
7. Reformas sustanciales en la legislación universitaria, sobre todo respecto del papel de la Junta de Gobierno (el colegiado minoritario más cuestionado de la universidad) y de la composición del Consejo Universitario y otras instancias de gobierno.
8. Asimismo, postular de manera explícita el compromiso de revisar, complementar y actualizar la legislación universitaria en lo referido a la participación democrática de la comunidad, bajo el propósito de colmar los vacíos existentes; es decir, propiciar y ampliar la actividad de los estudiantes y profesores en los asuntos procedimentales, la organización de sus espacios de convivencia, de deporte y de cultura, así como de los servicios para la atención a sus condiciones socioemocionales.

La nación, que mantiene una extrema desigualdad, necesita de la UNAM para resolver los grandes problemas sociales y económicos, para elevar las posibilidades de alcanzar una mayor igualdad y para promover un nuevo desarrollo con justicia y equidad. La discusión sobre el futuro de la UNAM es un imperativo. Por ahora lo que más se requiere es claridad, información veraz y la aceptación de la verdad como principio institucional frente a la sociedad.

Ello requiere avanzar en políticas de articulación y de transversalidad, de acciones colaborativas y de gran incidencia social, lo que supone que éstas garanticen que la identidad, el origen social y las capacidades no definan las oportunidades educativas de ingreso y permanencia en la UNAM; y, sobre todo, dejar de asumir la narrativa de competitividad individual insustancial en concordancia con el emeritazgo, la exclusión y la solución pragmática de los conflictos.

Esta concepción supone pensar la calidad educativa de forma distinta a la promovida desde la vía de resultados, exámenes estandarizados y rankings, es decir, desde las condiciones en las que puede lograrse la transformación de las personas hacia una ciudadanía con valores de bienestar general, de confianza y de alta capacidad para mejorar la sociedad en la que vive y trabaja, desde el valor social del conocimiento y del aprendizaje que se demuestra en la práctica cotidiana.

Conclusiones

En vistas al actual conflicto, la transparencia y rendición de cuentas deberán ser rediscutidas en el seno de la comunidad, y no solo ser materia de la administración, el rectorado y las instancias judiciales. Su importancia es, en definitiva, tema de la autonomía y de su capacidad para ampliar las bases del financiamiento y de su sustentabilidad, y de forma general, de la gobernabilidad de la institución.

La universidad vuelve a estar en el centro de una coyuntura cargada de incertidumbres, que no solo se derivan de los errores o fraudes cometidos, sino de la falta estructural de su gobernanza y de la incapacidad para transformarse a sí misma.

Como se ha señalado, la aplicación del examen de ingreso a la UNAM ha sido motivo de conflictos recurrentes, pero el más reciente es un hito, pues su orientación fue la de la mercantilización de sus procesos y procedimientos institucionales, eligiendo una opción que además no ha ofrecido la información completa  a la comunidad universitaria y a la sociedad, como se le ha demandado.

Lo que se requiere no es tapar el hoyo con salidas que repiten el procedimiento, a pesar de todas las evidencias en su contra, si bien ya se ha decidido optar por esa vía y por ahora no hay nada que hacer. A menos que los resultados del nuevo “examen de control” generen más problemas, pero esperamos sinceramente que no. Quedarse en la coyuntura es ver sólo la ignición del volcán y no conocer su boca y su cámara magmática.

El encargo, por tanto, es ir al fondo del problema: la universidad no puede ser vista o analizada como una entidad que destaca solo por su herencia o por su fallido legado en un determinado y convulso presente, sino por impulsar una estrategia de transformación para construir su futuro como la más importante universidad del país, y como la que pone ejemplos y destaca por su honorabilidad y transparencia.

Referencias

UNESCO-IESALC (2026), Informe Mundial sobre las Tendencias de la Educación Superior de la UNESCO, París, UNESCO.

PRONES (2026), Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030, SEP,en el Diario Oficial de la Federación (DOF: 14/04/2026), p. 38, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5784738&fecha=14/04/2026

Citación en estilo IISUE:
Didriksson Takayanagui, Axel (2026), “La UNAM: entre el embrollo y su ineludible transformación institucional”, Dossier Proceso de admisión a la UNAM 2026, Observatorio de Políticas Educativas IISUE-UNAM, https://doi.org/10.22201/iisue.001r.2026